lunes, 10 de junio de 2013

Se activó la fiscalía

Luisa Ortega, pidió órdenes de prisión a violadores de   derechos humanos

       
     Cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega anunció que pidió órdenes de  prisión a los violadores de los derechos humanos “Venezuela pegó un grito”, no porque había nacido un nuevo Jesucristo, sino porque al fin la justicia se restauraba en  este país.
    Todos pensamos que al fin se haría justicia contra los culpables de la muerte de Franklin Brito, en contra de los que expropiaron su pequeña finca, los que le quitaron el fruto de muchos años de trabajo. A los que violaron los derechos humanos a los jóvenes que fueron golpeados por miembros de las Fuerzas Armadas recientemente en Barquisimeto y torturados en la prisión.
     Que se haría justicia por todas  las atrocidades que le hicieron a la Dra. María Lourdes Afuine, tanto por mantenerla presa por capricho del presidente de la República Hugo Chávez, como por los daños físicos y morales que recibió en la cárcel. Creíamos también que al fin se iba llevar a prisión a los que están dejando a nuestros presos políticos morir en la cárcel con una indolencia escalofriante.
     Pensamos que  pagarían los que despidieron a los trabajadores de PDVSA, violándole todos los derechos humanos e incluso quitándole las escuelas a sus niños y además lo echaron de sus casas.  Gritamos de alegría porque al fin la comisión de la verdad que averiguaría la masacre del 11 de abril había dado su veredicto y los asesinos que dispararon desde Puente Llaguno y azoteas de edificios, al fin pagarían con cárcel esas muertes.
     Que le había llegado la hora a los que quemaron con un lanza llama a varios jóvenes en Fuerte Mara, a los que han golpeado jóvenes en manifestaciones pacíficas, a los que torturan en las cárceles, a los violadores de los Derechos Humanos de los presos comunes, que cumplen su condena con una espada de Démocles  colgando en sus cabezas, a los responsables de introducir armas en los recintos penitenciarios.
     A los trabajadores despedidos de Ministerios, gobernaciones chavistas y empresas del estado por presumir que votaron por Henrique Capriles el 14 de Abril, a los que les confiscaron, robaron, expropiaron sus fincas o empresas productivas, aquel joven militar que ahogaron en Anzoátegui en un charco de estiércol.
Derecho humano importante como el derecho a la vida, a la información, a la libertad de expresión, el derecho a respetar los resultados electorales y si hubiere dudas, como las hay, permitir la realización de una auditoria total y no caricatura de auditoria como la que hizo el CNE, donde incluso Socorro Hernández, a la pregunta de si estaría suficientemente probado que existan casos de fallecidos que votan expresó: "Está suficientemente probado, pero no podemos someter a la población a la zozobra por casos excepcionales". (¿?).
     Se presume que La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cuando anunció que se ha pedido a los tribunales "un conjunto" de órdenes de prisión contra supuestos responsables de violaciones a derechos humanos entre 1958 y 1998, tuvo un olvido “involuntario” y no mencionó los 15  años de la Revolución.

    La funcionaria sostuvo que "en resguardo de la integridad de las investigaciones" no se revelarán por ahora las identidades ni el número de personas contra quienes se pidieron las órdenes de prisión, imagino que la señora Fiscal dejó entrever que con la grabación de Mario Silva, ya el pueblo conocía los nombres de muchos de ellos, lo que supongo, serán los primeros presos, por violar derechos humanos elementales… Adelante señora fiscal cumpla con su deber.

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